Entre los muchos que ha dado la historia, nunca un dictador como Franco había muerto tan confortablemente instalado en su cama y sin ser víctima de su propia dictadura, con todo su patrimonio político y económico atado y bien atado en favor de su hija y múltiples nietos quienes además venderían las fotografías en exclusiva de sus despojos al mejor postor para repartirse luego unos pingües beneficios que según todos los indicios, habría cobrado el marqués de Villaverde en su día.
Nunca como el jueves pasado, un dictador había sido tratado con tanto mimo y reverencia para trasladarle a una nueva residencia funeraria, respetando todo el protocolo que merecen los muertos y para los que el ya difunto no tuvo piedad alguna cuando luchaban contra su régimen por la restauración de la República arrebatada con fuego de artillería y con la que tampoco tuvo la más mínima benevolencia durante más de cuarenta años.
Nunca un dictador tuvo después de muerto un mausoleo de las características del Valle de los Caídos durante más de los cuarenta años vividos en democracia, mientras los españoles en sus paseos por el extra radio de ciudades y pueblos evitaban solemnemente pisar las cunetas por respeto a los muertos anónimos sepultados durante la guerra civil sin que sus familiares tuvieran la más mínima opción de recuperarlos.
De manera que el dictador ya merece un capítulo aparte a partir de este momento. Ahora debiera de tocarle el turno al resto de su familia y exigirle que demuestre legalmente la apropiación, posiblemente indebida, de todo su patrimonio heredado e instarles, si fuera preciso, a devolver todo aquello que en realidad no les pertenece, incluidos los títulos nobiliarios adjudicados a dedo por la siempre mano derecha y firme del difunto dictador.
El Gobierno ha sido misericordioso con su traslado a Mingorrubio. Sin embargo, las más jóvenes de la familia Franco, que ni siquiera han conocido personalmente al difunto dictador, han tachado la exhumación de profanación, quizá porque sus propios padres le hayan ocultado como a Francisco Franco Bahamonde, por la gracia de Dios, no le temblaba nunca el pulso cuando firmaba de puño y letra las sentencias de muerte que luego serian ejecutadas extramuros del cementerio más próximo.
La cifra es tan grande que, a mí se me hace muy difícil calcular el número de víctimas mortales de la guerra civil o el número exacto de exiliados a los países vecinos o de ultramar y que también forman parte de esa otra numerosa España huérfana que yo, particularmente, echo tanto de menos, como los hoy residentes en Venezuela, México, Cuba, Urugüay, etc., muchos de los cuales murieron bastante antes que, incluso, el propio dictador, sin haber querido siquiera regresar para no hacerlo bajo la tutela de una férrea dictadura militar de la que sólo unos pocos continúan reivindicando todavía, ataviados de falangistas, legionarios y coroneles de los distintos ejércitos de abultados vientres ya en el retiro.
De manera que ahora toca el turno de decidir sobre la Ley de Memoria Histórica para tratar de cicatrizar de una vez por todas, aquellas heridas que aún siguen abiertas y cuyo tratamiento conviene restablecer en la misma medida y eficacia con que se ha tratado el asunto de la exhumación del dictador.
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