La opinión mayoritaria que los políticos independentistas catalanes mantienen sobre el proceso que se lleva a cabo en contra de sus colegas encarcelados y en el que la fiscalía del estado, en sus decisiones finales, les acusa de golpe de estado (malversación de caudales públicos, sedición y/o rebelión) no ha resultado, por lo contundente que ésta ha sido, la que todos ellos esperaban. A las defensas de los acusados les va a ser muy difícil contrarrestar los aparentes sólidos argumentos esgrimidos por los cuatro distintos fiscales de la acusación, hasta el punto de solicitar del presidente del tribunal más tiempo del previamente acordado para preparar dignamente sus distintas defensas.
Habrá pues que esperar como contrapartida algunas represalias por parte de la Generalitat de Catalunya y para eso los ciudadanos no independentistas habrán de estar preparados para tal contingencia, porque es muy probable que, en breve, comiencen a producirse todo tipo de acciones populares, encaminadas todas ellas a protestar por el probable veredicto de culpabilidad de los políticos encausados por los hechos ocurridos aquel 1º de Octubre de 2017.
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La condena, al parecer, podría parecer demasiado dura por cuanto las decisiones tomadas por los fiscales, les han llevado a considerar, entre otras cosas, que la coacción ejercida por las masas de gente concentradas, movilizadas y dirigidas por los responsables, ya de por sí, también se considera un delito de violencia extrema contra el Estado. Y no sólo eso, sino que otra de las argumentaciones que será mucho más difícil aún de rebatir es aquella por la que nunca se trató de una rebelión para tratar de alcanzar el poder desde el exterior, primero en Cataluña y luego contra el estado, por parte del populacho, sino qué desde la propia organización llevada a cabo, aunque no por las armas, por los responsables de la Generalitat, incluido su presidente, atentaron impunemente contra lo dispuesto por la Constitución española; y como ejemplo, tuvieron a bien tomar la acción llevada a cabo en su día por el teniente coronel Tejero, desde el exterior y contra el Parlamento.
Las penas a las que se enfrentan los acusados parecen escalofriantes, por cuyo motivo cabe sospechar que lo que pretende la fiscalía, aparte de una condena ejemplarizante, es tratar de sentar jurisprudencia cara al futuro incierto que a partir de ahora le espera al desarrollo del procés catalán y a las pretensiones independentistas por parte de la Generalitat.
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